Análisis del arraigo

Abstract

Uno de los bienes más preciados del hombre, después de la vida, es la libertad, Y Privar de la libertad a un individuo por considerarlo presunto responsable de la comisión de un delito, implica también privarle de otros bienes como consecuencia del primero, en virtud de que el privarle de su libertad de ambulatoria, también se Ie priva de su trabajo, de su familia y sus seres queridos. Con justa razón, las legislaciones penales de todos los tiempos han justificado el derecho a la libertad, fundándola desde muy diversas perspectivas y con los más variados requisitos, actualmente nuestra legislación también nos priva de la libertad aun cuando el presunto culpable no haya sido juzgado de manera definitiva pudiendo este ser inocente, y para justificarse cuenta con la figura jurídica del arraigo que en términos generales el significado de Arraigo es fijar, sujetar algo (o alguien) a un lugar. En nuestro país el arraigo es una figura jurídica el cual busca esclarecer un hecho ilícito, o delito mediante, el aislamiento de una persona, puede realizarse en el propio domicilio del sujeto o bien en otro lugar que el ministerio publico considere conveniente para que el detenido no pueda infringir la ley. En esta investigación se realizará el análisis de todo lo que comprende la figura del arraigo domiciliario en México, analizaremos su procedimiento las normas que relativamente lo conforman y lo regulan, los diferentes conceptos doctrinales, sus antecedentes históricos, y por ultimo un breve análisis comparativo sobre el derecho a la libertad para otros países y la figura del arraigo. Primeramente, debemos saber que el arraigo es una medida cautelar lo cual lo podemos encontrar dentro de la averiguación previa, este es solicitado por el ministerio público. Sobre este tema existen varias discrepancias, una de ellas y la principal es que existe una violación a los derechos humanos, referente a la libertad, ya que consiste en la orden dada al indiciado para que resida en un lugar determinado, con la facultad de trasladarse a su lugar de trabajo, sin posibilidad de ausentarse de dichos sitios por un periodo que no podrá exceder de treinta días, prorrogable por igual termino a petición del ministerio público.